El Ejecutivo prorrogó la participación de las Fuerzas Armadas en Arequipa, Puno y Madre de Dios en apoyo de la Policía Nacional del 11 de febrero al 11 de marzo de 2016. Esta disposición tiene como fin evitar actos de violencia durante las movilizaciones promovidas por mineros informales e ilegales.
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Según indica la resolución suprema, esta norma busca “asegurar el control del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito penal que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones promovidas por la minería ilegal e informal”.
También indica que la actuación de las Fuerzas Armadas no releva el trabajo de la Policía. Asimismo, asegura que la presencia militar en estas regiones no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Como se recuerda, en abril de 2014 el Ministerio del Interior solicitó a la Presidencia la intervención militar en Arequipa, Puno y Madre de Dios con el objetivo de “garantizar el derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras”. Estas acciones tenían la intención de prever actos de violencia derivados de las “movilizaciones promovidas por la minería ilegal e informal”.
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